A responder por 'Kener'

 

La fuga de Daniel Serna, 'Kener', jefe de sicarios de la 'oficina de Envigado', fue un escape anunciado. En dos ocasiones en el último mes, el líder de la banda de 'Los paisas' se había evadido sin permiso del domicilio donde se encontraba detenido. El pasado domingo, 'Kener', quien gozaba del beneficio de casa por cárcel debido a supuestos quebrantos de salud, rompió el brazalete de vigilancia electrónica y se dio a la fuga. Por fortuna, este cabecilla de una de las organizaciones criminales más poderosas del país fue recapturado ayer.

Evasiones de peligrosos criminales han estado a la orden del día recientemente. En días pasados, dos jefes paramilitares, 'Carecuchillo' y 'Tribilín', escaparon de la prisión de La Picota, en Bogotá, lo que produjo la salida de la directora del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Pero no solo la guardia es responsable de lo que el presidente de la república, Álvaro Uribe, llamó en un comunicado "autorizaciones de detención domiciliaria y traslados de presos que propician condiciones para las fugas". A las falencias del modelo carcelario en la vigilancia de los presos se suman generosas decisiones de las instancias judiciales, que premian a tenebrosos delincuente con laxas condiciones de seguridad.

A pesar de su pronta recaptura, el caso de 'Kener' es un ejemplo de los incentivos perversos que contaminan el actual sistema. El jefe sicarial pasó de estar preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a gozar del exclusivo beneficio de la detención en su propio domicilio, del cual escapó. A punta de certificados médicos, cuya autenticidad hoy está en entredicho, Serna logró disminuir al mínimo las condiciones de su reclusión, con el visto bueno de los jueces, la Fiscalía, la Procuraduría, Medicina Legal, la Personería y hasta el Código Penal. Preocupa constatar cómo carecieron de mayor peso los brutales antecedentes del reo, con 13 procesos penales en otras tres ciudades del país, y la petición específica del Gobierno en el otorgamiento del beneficio. No debe sorprender, entonces, que ante la realidad de la fuga ninguna autoridad haya asumido un ápice de responsabilidad. El Inpec, encargado de vigilar a los presos, responde que alertó a la Fiscalía sobre las sospechas acerca de que 'Kener' planeaba un escape. La Fiscalía, por su parte, informa que la medida se adoptó de acuerdo con los dictámenes de Medicina Legal y que la custodia estaba a cargo del ente carcelario. Mientras tanto, el Gobierno Nacional expresa su preocupación ante las excesivamente generosas decisiones judiciales y los errores en los traslados, así como vincula la evasión con la interinidad que por ocho meses ha tenido el máximo ente investigador.

Aunque todas las autoridades se pasen el caso 'Kener' como papa caliente, lo inocultable es la grave falta de coordinación entre jueces, fiscales, el Gobierno y guardias penitenciarios. Beneficios como la casa por cárcel requieren un exhaustivo control para garantizar que quienes los reciban los merezcan efectivamente. Los jueces deben tener mucho cuidado al otorgarlos. Asimismo, es absurdo que asesinos, sicarios y miembros de organizaciones al margen de la ley gocen de tratamientos blandos -que implican suavizar el grado de vigilancia-, mientras delincuentes menores, que ni siquiera tienen sangre en sus manos, sufran todo el peso de la ley.

En múltiples ocasiones, la Dirección de la Policía ha denunciado que de poco sirve la captura de narcos y cabecillas de las bandas si el aparato de justicia termina por dejarlos libres o minimizando tanto sus condiciones de reclusión, que se escapan, como lo hizo el narco extraditable José Fernando Betancur, hoy prófugo después de tener casa por cárcel. Que la fuga de 'Kener' termine en la más descarada impunidad ante la actitud de Poncio Pilatos de las autoridades responsables confirma no solo lo podrido del sistema, sino la incapacidad de reformarlo.
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Pero nadie asume la responsabilidad

 

La desaparición de un peligroso delincuente, acaso uno de los más temidos, terminó convertida en un penoso sainete del que participaron diferentes autoridades colombianas sin que al final se pudiese establecer responsabilidad alguna.

Tan confusa fue la situación que llegó a considerarse como válida la posibilidad de que no estuviéramos ante una fuga y que, por el contrario, Daniel Alejandro Serna, alias Kener, hubiese sido víctima de un plagio mientras se encontraba en su apartamento cumpliendo con la detención domiciliaria que le fue acordada por una fiscal de Medellín. Esta hipótesis, sugerida por su propia compañera sentimental, María Victoria Puerta, quien narró cómo alias Kener salió de su casa conducido por un hombre que dijo ser del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), perdió vuelo tras la exitosa recaptura del sujeto ocurrida el martes en las horas de la tarde.

De cualquier manera la desafortunada situación tomó a más de uno por sorpresa. Miguel Ceballos Arévalo, viceministro de Justicia, optó por el espejo retrovisor y afirmó que la guardia del Inpec es escasa frente a sus diversas labores. Un atraso histórico, dijo, que es responsabilidad de muchos gobiernos. El actual director del Inpec, coronel Carlos Barragán, sin tantas dubitaciones rápidamente disculpó a sus funcionarios de cualquier error que se les pudiera adjudicar. Explicó que el Instituto Carcelario no es responsable de vigilar a los condenados en detención domiciliaria y la emprendió contra la Fiscalía General de la Nación. Aclaró que desde el Inpec se libró una guerra jurídica para impedir que el reo, cuya peligrosidad es alta, fuese reubicado y que incluso se sabía de informaciones que permitían suponer una fuga.

No obstante estos supuestos indicios, alias Kener, quien se encontraba preso en Palmira, fue trasladado a un hospital en Medellín por orden de la Fiscal 29 de Medellín, que le otorgó el beneficio de casa por cárcel argumentando que el convicto presentaba precarias condiciones de salud. Antes de llegar a su casa, además, fue trasladado a un hospital de Medellín y no de Palmira, como habría sido conveniente dado el margen de maniobra que puede tener en su ciudad quien es considerado el jefe de sicarios de la tenebrosa Oficina de Envigado. Para terminar, como gran cosa, se le asignó un brazalete electrónico.

El presidente Uribe, en su alegato contra la Fiscalía, introdujo una nueva y salomónica fórmula: la de culpar de la falta de eficiencia a la Corte Suprema de Justicia, presunta culpable de la interinidad de ocho meses en el ente acusador. No tardó en reaccionar el fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago, quien aclaró unos puntos e introdujo mayor confusión en otros. Recordó que la Fiscal 29 es autónoma en sus decisiones y que, de cualquier manera, cualquier otro juez ha debido tomar la misma determinación dado que Medicina Legal ya había expedido varios conceptos atestiguando que la complicada salud de alias Kener requería atención médica hospitalaria. Una explicación parcialmente satisfactoria pues aunque rebate el argumento presidencial de la interinidad no es del todo concluyente en lo que tiene que ver con los motivos que llevaron a evadir la peligrosidad del criminal.

Con todo, decisiones judiciales y policivas erráticas llevaron a la fuga de un convicto altamente comprometedor. Esta parece ser una escandalosa historia en la que, como todos tienen algo de culpa, ninguno es responsable.

    *      Elespectador.com

Golpe al corazón narco

La captura de 56 miembros de reconocidas bandas criminales que delinquen entre Córdoba y Antioquia es un contundente golpe al narcotráfico que opera en un corredor estratégico hacia la Costa Atlántica y el Urabá. También, la demostración de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la necesidad de la cooperación internacional para cortar con la venta de armas y precursores químicos.
La captura de no menos de 56 integrantes de las llamadas bandas criminales en el corredor entre Córdoba y Antioquia es un golpe contundente a las estructuras del narcotráfico y la demostración de la capacidad operativa que mantienen las Fuerzas Armadas contra el crimen y la delincuencia organizada en una zona estratégica para la seguridad democrática.

La envolvente operación militar adelantada por el Ejército y la Policía en la región de Montelíbano, Córdoba, no sólo contrarrestó el accionar violento de parte de tres grupos delincuenciales, Los Paisas, Los Rastrojos y los Urabeños, sino que dejó al descubierto el enfrentamiento a muerte entre los propios criminales por el control del narcotráfico.

Ha quedado demostrado, una vez más, que la política de Seguridad Democrática ha provocado la mutación de las guerrillas y las bandas criminales en carteles de la droga y que como lo ha dicho el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, "ya no es posible hablar de un proyecto insurgente ni contrainsurgente, sino de grupos de narcotráfico a los que sólo cabe aplicarles el rigor de la ley", en alusión a que cada vez es más lejana la posibilidad de una salida negociada al conflicto y más cercano el sometimiento a la justicia por parte de los grupos armados ilegales.

La Ley de Justicia y Paz, que ha mostrado sus beneficios en términos de desmovilización y reintegración de combatientes a la civilidad, así como ha hecho más visibles y objetos de derecho a las víctimas, también dejó peligrosos vacíos respecto de haber logrado el desmonte total de las estructuras armadas y de narcotráfico de los hoy extraditados jefes paramilitares y aun guerrilleros, asunto en el que es necesario insistir con la ayuda de Estados Unidos.

Colombia tiene la autoridad moral para hacerlo, porque los resultados en la lucha contra la insurgencia, las bandas criminales y el narcotráfico son contundentes. La semana pasada, por ejemplo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (Jife) puso al país como ejemplo mundial en el combate a los cultivos ilícitos y su cadena criminal.

En el último lustro, el Gobierno logró la incautación de no menos de 203 toneladas de cocaína por año, aplicó extinción de dominio a 13.000 bienes de los narcos. El último año, con una tendencia que se mantiene, redujo en 29 por ciento el área de cultivos ilícitos y 39 por ciento la producción de cocaína, según la Jife.

La seguidilla de golpes contra la guerrilla, las bandas criminales y los narcotraficantes, que son lo mismo, demandan toda la cooperación y reconocimiento de la comunidad internacional para seguir cerrándoles el cerco. Todo este esfuerzo que hace el Gobierno colombiano puede perderse si se mantiene la porosidad en las fronteras y la permisividad de los países productores de insumos químicos y de armas, así como de los que mantienen una laxitud cómplice con el lavado de activos, producto del narcotráfico.

En el ámbito interno y haciendo eco de las palabras del General Óscar Naranjo, no basta con seguir desmantelando las estructuras armadas ilegales ni las redes de narcotraficantes, si esa trascendental tarea no va acompañada, también, de golpes contundentes a la cultura del dinero fácil, a los antivalores y a la permisividad ciudadana con el delito. Ahí está la clave para cerrar el círculo.
EL COLOMBIANO

 

La guerra de los toros

 

La fiesta de los toros, que durante años unió a España y la presentó ante el mundo como un país diferente, ahora amenaza con dividirla. Lo que nació como una campaña en defensa de los derechos de los animales echó raíces en Cataluña, región que nunca se ha caracterizado por el fervor taurino. Tantas, que ahora el Parlamento regional debate la posibilidad de prohibir las corridas en territorio catalán. Hasta ahí el problema no pasaba de ser asunto identitario de uno de los pueblos españoles que tiene idioma propio y características folclóricas peculiares, ni más ni menos que como los tienen los vascos o los gallegos.

Pero la semana pasada la discusión sobre la posibilidad de convertir en ley autonómica el rechazo a los toros se convirtió en guerra regional, cuando la comunidad de Madrid, que abarca 179 municipios pero no la capital, declaró a la fiesta brava como Bien de Interés Cultural, lo que traerá consecuencias importantes: primero, que ningún concejo del mapa madrileño podrá someter a votación la abolición de las corridas, como sí lo han hecho algunas villas catalanas; segundo, que los promotores de la tauromaquia podrían aspirar a subvenciones y apoyos especiales.

A la declaración de la comunidad de Madrid, donde domina el Partido Popular (conservador), se sumaron rápidamente otras dos controladas por la misma fuerza política, Valencia y Murcia. Sin embargo, no se trata meramente de un problema partidista, pues Andalucía y Extremadura, que son socialistas, apoyan la fiesta. La primera, porque es fervorosa cuna de la tauromaquia; la segunda, porque en sus predios prosperan 300 ganaderías, entre ellas la del matador colombiano César Rincón.

En el debate han surgido los nombres de poetas y escritores amigos de los toros. Hay razones culturales, pero también económicas a favor de la tauromaquia. Las corridas facturan cada año más de 3.700 millones de dólares, dan empleo a 200.000 personas, tienen un hato de 135.000 vacas y 7.000 toros en edad de lidia que ocupan más de medio millón de hectáreas. Se trata, pues, de una importante fuente de riqueza. Ahora lo es también de conflicto regional, pues Cataluña considera que la reacción de Madrid ha sido un puyazo sangriento en la lucha que tradicionalmente sostiene contra el interior de España. El Gobierno central permanece neutral, pero advierte que es enemigo de imponer prohibiciones. La faena apenas empieza...
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